Parece que los clientes se han cansado de los abusos constantes que los bancos y cajas de ahorro cometen cada día con total impunidad. En este caso una mujer, cliente de BBVA, reclama una indemnización de 300 euros en concepto de daños y perjuicios por la retención de su tarjeta sin motivo alguno en el cajero automático.

Más de un centenar de personas organizan y coordinan la constitución de una asociación para exigir medidas urgentes contra los abusos bancarios, los embargos y los desahucios.

Familias enteras viviendo en comedores de beneficencia, amenazadas con ejecuciones hipotecarias, sin trabajo y sin prestación de ningún tipo. Los datos de destrucción de empleo que hablaban de un 21% para 2010, parecen haberse quedado atrás si tenemos en cuenta que actualmente supera el 20%.

150 años de cárcel, esa ha sido la sentencia emitida por el juez del caso Madoff. 30 años de estafa que el “gurú de las finanzas” como ha sido bautizado, lleva a cabo sin ninguna traba, vigilancia o supervisión.

Tras los abusos bancarios, las demandas ante los tribunales y las primeras sentencias conocidas que reconocen la impunidad con la que actuó el sistema bancario “utilizando” abiertamente a las familias y empresas para su enriquecimiento propio, nos encontramos dos años después de comenzar la crisis ante una situación no conocida desde hace 40 años.

Ausbanc, Asociación de Usuarios de servicios bancarios, ha recibido más de 25 denuncias sobre la comercialización de permutas financieras, solo en Extremadura. Esta situación que afecta a más de 10.000 familias y PYMES, corresponde a activos tóxicos comercializados camuflados bajo otros nombres como seguros, y productos de ahorro de libre disposición, ha producido pérdidas importantes. Solo la cancelación de estos productos tiene una penalización de 30.000 euros.

Turbulencias económicas a todos los niveles. Una crisis que dura más de dos años y que lejos de remitir parece no haber llegado aún a su punto álgido. Colectivos de personas, familias, empresarios y autónomos que se agrupan y levantan el hacha de guerra contra bancos y gobierno exigiendo protección y la defensa de sus derechos. La crisis que, inicialmente fue hipotecaria, se ha convertido en una macro crisis en la que todos los ámbitos y sectores agonizan y necesitan reformas importantes y estructurales. Crisis laboral, crisis bancaria, crisis de deuda pública, crisis productiva, crisis del sistema de pensiones públicas, crisis hipotecaria, inmobiliaria, de endeudamiento y de crédito. Crisis social como efecto colateral más importante al que hay que empezar a escuchar si se quiere evitar.

La crisis comienza a mostrar su cara más dura, tal como lo anticipó el catedrático catalán Santiago Niño Becerra, comprobamos como el estallido social comienza a subir de tono. 300 familias se manifiestan en Madrid tras perder 17 millones en una promoción inmobiliaria, familias cuyo tiempo trascurre entre las colas del INEM, los comedores sociales y Cáritas.

Los bancos y cajas de ahorros se han lanzado a la aventura del cierre de oficinas siguiendo las recomendaciones del Banco de España y de la Asociación Española de Banca con el fin de reducir su tamaño e incrementar su solvencia.

Los abusos sobre las cláusulas hipotecarias, los clientes afectados por los casos Martinsa y Lehman Brothers, Swaps y comisiones por todos los conceptos están llevando a un incremento desorbitado de denuncias, demandas y reclamaciones.