Turbulencias económicas a todos los niveles. Una crisis que dura más de dos años y que lejos de remitir parece no haber llegado aún a su punto álgido. Colectivos de personas, familias, empresarios y autónomos que se agrupan y levantan el hacha de guerra contra bancos y gobierno exigiendo protección y la defensa de sus derechos. La crisis que, inicialmente fue hipotecaria, se ha convertido en una macro crisis en la que todos los ámbitos y sectores agonizan y necesitan reformas importantes y estructurales. Crisis laboral, crisis bancaria, crisis de deuda pública, crisis productiva, crisis del sistema de pensiones públicas, crisis hipotecaria, inmobiliaria, de endeudamiento y de crédito. Crisis social como efecto colateral más importante al que hay que empezar a escuchar si se quiere evitar.

La formalización de préstamos hipotecarios ha descendido a niveles históricos, el crédito agoniza en su faceta de motor de la economía y nos enfrentamos a un momento en el que la situación podría ser descrita más o menos así:

1. Endeudamiento máximo del estado a través de un déficit público no conocido.

2. Necesidad urgente de reestructurar para disminuir el tamaño del sistema bancario, cerrando entidades eminentemente hipotecarias y entidades con más pequeñas con mayor deterioro de activos.

3. Reforma laboral que contempla la disminución de las cotizaciones a la seguridad social, el abaratamiento del despido, desligar las revisiones salariales del IPC y flexibilizar el mercado.

4. Los datos de morosidad y endeudamiento están descontrolados y se prevé que subirán mucho más después del verano, cuando la tasa de desempleo se siga incrementando.

5. Las posibilidades de empeorar si no se acomete la reforma laboral con carácter urgente son muy elevadas en términos de destrucción de empleo.

6. La vivienda continúa cayendo pero las hipotecas no se formalizan, no se venden los pisos y han sido rechazadas las medidas de financiación a través del ICO, tanto por parte de los bancos, como por parte de las familias.

Ante este escenario debemos asumir una realidad cambiante en la que el esfuerzo de todos se hace imprescindible si queremos no seguir empeorando.

Con todas las modificaciones a las que se enfrenta la sociedad, echamos de menos una, urgente y vital, si se quiere paralizar la morosidad creciente que supone un obstáculo que hay que eliminar si se pretende reactivar la economía.

La reforma de la ley hipotecaria es urgente y ya, hay que establecer medidas que permitan a las familias y empresas paralizar sus deudas mientras se reactiva el mercado laboral y después otorgar planes de pago viables, carentes de interés en el que la obligación sea la devolución del capital prestado.
El sistema de embargos y subastas públicas ha dejado de ser operativo por lo que no sirve de nada mantenerlo.

Las familias que tienen solvencia deben tener acceso a comprar las viviendas de las familias que no pueden pagar y para eso se requiere un esfuerzo extra de las entidades bancarias que facilite esta transacción tanto en términos económicos como operativos.

No hay ninguna posibilidad de salir de la crisis sin salvar el escollo del mercado hipotecario e inmobiliario.

Si no se acomete una reforma en la ley hipotecaria, el hiperendeudamiento llevará a revueltas sociales que pueden tomar un cariz importante y peligroso.