No es una mala idea iniciar una campaña de préstamos personales bajo la modalidad de préstamos responsables que, gestionados por el ICO, supongan la protección de los titulares frente a las entidades bancarias.

Sin embargo, parece que la idea no termina de convencer a la banca y, de acuerdo a los analistas la razón podría ser que el efecto fuerza el contrario. Una iniciativa que podría ser aprovechada por clientes que acumulen un historial de morosidad.

 

 

El artículo 27 de la Ley de Economía sostenible indica que las entidades bancarias deben evaluar tanto el riesgo como la solvencia del solicitante a través de los ficheros de morosidad.

 

 

Una práctica que, a pesar de ser habitual por parte de los bancos, podría al estar contemplada en una ley vigente servir para culpar al banco de no haber seguido la normativa vigente en caso de impago.

 

 

Esta situación ha derivado en que bancos y cajas de ahorros endurecen las condiciones de acceso a los préstamos. Son muchas las familias que intentarán acceder a los préstamos responsables contemplados en la Ley de Economía Sostenible y que no podrán acceder.

 

 

Una situación que, en lugar de mejorar la fluidez del crédito, parece endurecer aún más el acceso al mismo, en un momento en el que esa misma imposibilidad de acceso está derivando en una de las tasas de desempleo más elevadas de la Unión Europea.

 

 

El sistema financiero se muestra contrario a la nueva legislación por lo que, finalmente, todo quedará igual.