El Pleno del Congreso aprobó el 19 de octubre de 2007 definitivamente el proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Regulación del Mercado Hipotecario, que reduce los gastos de modificación de las condiciones de las hipotecas constituidas a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa.

Con esta reforma de la ley hipotecaria, las reducciones en los costes hipotecarios se extienden a todas existentes tras la entrada en vigor de la normativa, que será un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En este artículo os presentamos los principales cambios y novedades que se han producido en la Ley Hipotecaria.

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Se ha aprobado el proyecto de la Ley de Modernización del Mercado Hipotecario para permitir mayor flexibilidad en la movilidad de clientes entre los diferentes préstamos.

Ahora el cambio de hipoteca será mucho más sencillo y tendrá menos costes económicos. Esta reforma ha sido aprobada por la comisión de Economía del Congreso de los Diputados y por el Senado. El objetivo es potenciar la movilidad de clientes entre entidades bancarias y así fomentar la competencia.

Las principales novedades que introduce esta reforma de la ley hipotecaria son:

Gastos Notariales

Los gastos notariales serán más reducidos. Será una rebaja del 50% aproximadamente. Esto persigue ampliar las posibilidades del usuario a la hora de formalizar una hipoteca, cambiarla o simplemente cancelarla.

Comisiones de cancelación

El precio de las comisiones máximas de cancelación anticipada de préstamos se reducirá a la mitad si son a tipos de  interés variable, pasando del 1% actual al 0.5%. Si la cancelación del préstamo se produce durante los primeros 5 años, la penalización será tan solo del  0.25%.  Si hablamos de hipotecas a tipos de interés fijo, sólo se podrá aumentar más del 5% la comisión si el cambio supone la contratación de una hipoteca con un tipo de interés por debajo del tipo al que se contrató el préstamo inicial. La normativa no afectará a las hipotecas ya formalizadas, sino a aquéllas que se contraten a partir de su entrada en vigor.

Sociedades de Tasación

La reforma también pretende dar garantías de la independencia de las sociedades de tasación en el momento de poner precio a una vivienda. Para ello, se han determinado una serie de infracciones leves, graves y muy graves que pueden suponer la invalidación de la homologación del tasador y una multa de hasta 300.000€ en los casos de fraude en la valoración de una vivienda que vaya a usar posteriormente como aval para un préstamo bancario.

Más información

También esta normativa, pretende obligar a las empresas a informar transparentemente a los usuarios acerca de sus productos hipotecarios, permitiendo así una elección mucho más sencilla para el usuario, adaptando la hipoteca a sus necesidades.

Grandes cambios para los mayores de 65 años

En esta reforma también se han tenido en cuenta a los mayores de 65 años y a las hipotecas inversas. Mediante ellas, podrán monetizar sus bienes inmuebles sin tener que renunciar a su propiedad, y pudiendo así disfrutar de ellos de manera vitalicia. Todo ello se consigue mediante un crédito en el cual el cliente no tendrá que pagar, sino que recibirá una renta de por vida. Su importe depende del valor de tasación de la vivienda y de la edad del titular. Tras su muerte, los herederos deberán ocuparse de la deuda de dos maneras, formalizando una nueva hipoteca con la entidad bancaria o vendiendo la vivienda.

Dicha reforma también ofrece ayudas fiscales a los titulares de este tipo de hipotecas. Los que las contraten y parte de la renta obtenida la destinen a un plan de inversiones, podrán deducir esos gastos de la declaración de la hasta un máximo de 10.000€ anuales.

 

Sin embargo, esta reforma hipotecaria del 2007 también ha obtenido críticas de expertos, que lamentan que esta ley no abarque todo el sector hipotecario y sugieren que se elimine la comisión de cancelación anticipada de las hipotecas.

Resumiendo, se trata de una ley que ha sido bien recibida tanto por usuarios como por empresas y expertos aunque existe un sentimiento común de una ocasión perdida para comenzar a regular la actividad de los intermediarios hipotecarios, y de esta manera evitar problemas y riesgos a las familias, como se lleva reclamando desde diversos sectores de la sociedad.

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